Indulto express

Viernes, 19 de Mayo, 2017 - 00h07
19 Mayo 2017

El art. 73 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) autoriza a la Asamblea Nacional a conceder indultos por motivos humanitarios. Pero está impedida de indultar a quienes incurrieron en delitos contra la administración pública.

En cambio, la facultad del indulto presidencial fue concebida sin restricciones legales respecto a la naturaleza del delito (art. 74 COIP). ¿Curiosa potestad, no? Aunque en el Reglamento para Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas, expedido en octubre del 2014, el presidente se constriñó a sí mismo: “No podrán considerarse como posibles beneficiarios los ciudadanos sentenciados por la comisión de delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia...”. El asunto es que, entre los descalificados para acceder al indulto no incluyó a quienes incurrieron en delitos contra la administración pública.

Esta semana trascendió que faltando 7 días para finalizar su mandato, el presidente indultó a Antonio Buñay (expresidente de Cofiec). Este fue condenado a 8 años de prisión, por el delito de malversación de fondos del Estado. El 12 de enero de 2017 (nota de El Comercio), la Corte Nacional de Justicia habría ratificado la sentencia que condenó a Buñay y a otros exfuncionarios como Pedro Delgado (prófugo), extitular del Banco Central y primo del presidente, por la entrega de un crédito de  800.000 dólares de fondos públicos al argentino Gastón Duzac.

El COIP determina que son responsables de peculado los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que fraudulentamente se apropien o distraigan fondos, bienes, dineros o efectos privados que los representen. El peculado es imprescriptible (artículo 16, numeral 4 COIP).

Sin duda, la gracia del indulto presidencial causa escozor aquí y en todas partes, especialmente cuando se otorga alejándose de las razones estrictas de justicia y humanitarias. Deja un sabor de absolutismo monárquico. El indulto discrecional y sin motivación real supone una disfrazada revocatoria de sentencia, que como la del caso de Buñay, ya había sido ratificada por la máxima instancia de la Función Judicial. Una burla a la labor de la Fiscalía (suficientemente desacreditada); y a la sociedad ecuatoriana, víctima principal de los delitos de peculado. En el trámite del indulto presidencial no media debate alguno, como en teoría sí ocurriría en la Asamblea Nacional.

En España, la organización Jueces para la Democracia acusa al discrecional indulto del ejecutivo como una gracia contraria a la Constitución, pues ella prohíbe toda clase de arbitrariedades de los poderes públicos, injerencias entre funciones, y los atentados a los principios de igualdad y de seguridad jurídica.

Para el jurista español Jorge de Esteban, catedrático de la Universidad Complutense, la falta de motivación legal de un indulto del Ejecutivo choca con el criterio de los tribunales. Estima necesaria la anuencia del juez que sentenció porque “si no, es una intromisión del poder Ejecutivo en el Judicial. Con esta idea del indulto se está anulando la división de poderes, sin la cual no hay democracia”.

El indulto presidencial permitido en el COIP es inconstitucional, genera más desconfianza en un mandatario que no inculcó la transparencia en el ejercicio del poder. (O)

Indulto express
El art. 73 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) autoriza a la Asamblea Nacional a conceder indultos por motivos humanitarios.
2017-05-19T00:07:03-05:00
El Universo

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