Los abusos del autoritarismo

Lunes, 20 de Febrero, 2017 - 00h00
20 Feb 2017

Ante tales abusos, sus evidencias y consecuencias, ¿qué hará el próximo gobierno?

¿Se atreverá el nuevo gobernante a convocar a una consulta popular para las reformas en que el Ejecutivo no tiene competencia, pero que requieren cambios radicales, como es lo relativo a modificar todo el aparataje de las entidades de control y de la Fiscalía, así como la real autonomía de las funciones del Estado, caldo de cultivo de la profundización de la corrupción? Sin ese remezón, su gobierno será un fracaso.

¿En la consulta, incluiría la redefinición de las supuestas “leyes orgánicas” multiplicadas en los últimos años? Se usó la calificación de “orgánicas”, sin que lo sean en su esencia –caso de la Ley de Plusvalía, por ejemplo– para hacerlas muy difícil de derogar o reformar, porque requeriría mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional.

¿Contraloría o sala de velaciones?
El 2007 al inicio de la Asamblea de Montecristi, formulé esa pregunta.

Al privársele a la Contraloría de la competencia constitucional de la obligatoriedad de los pronunciamientos precontractuales y del seguimiento de su instrumentación se estaba fomentando la corrupción contractual. Años después, también se le eliminó la competencia para las auditorías de gestión.

Por eso se han multiplicado las glosas que no se cobran y los informes de indicios de responsabilidad penal que se pierden en papeles.

Un caso de los últimos días, el informe de diciembre del 2016 de la Contraloría sobre preventas de petróleo a empresas chinas y de Tailandia entre 2013 y 2015. Casi queda como “tomadura de pelo” el anuncio de responsabilidades por las supuestas preventas de petróleo, por cientos de millones de dólares, cuando los dineros ya se los tragaron, a más de que no eran preventas sino créditos externos no registrados como tales, caucionados con petróleo, porque los compradores reales no terminaban siendo los proveedores de los créditos.

La Contraloría debe actuar oportunamente para impedir ilícitos, no seguir reducida a ser una especie de sala de velaciones de lo que ya se robaron.

Los juicios contra el Estado
En la década de Correa, en los escenarios internacionales, se han multiplicado juicios –y vendrán más– sea en cortes y tribunales arbitrales o de derecho, bajo convenios que el Estado no puede dejar de acatar, y van a producirse en el Ecuador, cuando ya no haya justicia sometida.

Hay procesos de tiempo atrás, pero mal defendidos, porque se privilegió el discurso político. “No reconoceré al Ciadi –Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones–, ni a sus fallos”, fue frase del presidente, pero luego se tuvo que bajar la cerviz ante esa instancia del Banco Mundial, en Washington.

Hay casos en que aun teniendo algo de razón, se prefirió el discurso político, más que la sustentación jurídica que exigía ajustar a derecho las extinciones de los contratos, como debió hacerse; y, se han convertido en riesgos de elevadas indemnizaciones.

Y, por último, la multiplicación de violaciones de derechos, por el actual sistema punitivo sometido al autoritarismo presidencial, contra pueblos indígenas, sectores sociales, opositores y contra algunos empresarios.

Desde la dictadura fascista de 1963-1966, ningún gobierno ha perseguido a los sectores de izquierda que discrepaban de las decisiones del Gobierno, con la violencia que se ha dado entre los años 2007 y 2017.

En teoría, en los casos citados, lo que el Estado pague será repetible contra los responsables de lo actuado, que se castigaría con indemnizaciones, o por su mala defensa, pero ¿será posible recuperar de ellos lo que deba pagarse?

El Gobierno dador de privatizaciones
En los últimos años se le ha ganado a cualquier gobierno que hubiera asumido ser “neoliberal”.

Puertos, vías, yacimientos y empresas públicas se han adjudicado –o se están entregando– bajo diversas modalidades.

Y hay procesos de entregas en que se priorizó lo político, en la decisión final, aun cuando no sea lo mejor.

Un gobierno responsable tendrá que revisar todo lo actuado en esta materia, no necesariamente para desconocerlo, pero sí para saber si el Ecuador como país está beneficiado o si las condiciones han sido entreguistas o solo se actuó por la urgencia de obtener liquidez que ya se la gastaron.

En casos como la ocupación de territorios de nacionalidades indígenas, será imperativo restituirles sus derechos.

Corrupción marginal
La expresión, en la rueda de prensa del miércoles 15 de febrero, con el presidente Santos de Colombia, fue del presidente Correa.

La percepción ciudadana es otra: la corrupción es desbordante y aun con insolencia.

Odebrecht y Petroecuador son capítulos de una larga reseña, respecto a la cual, el próximo gobierno tendrá que exigir a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Justicia que procedan conforme a sus competencias. Quizás para entonces, más serán los prófugos.

La protección política y el encubrimiento van de la mano con la profundización de la corrupción. (O)

¿Se atreverá el nuevo gobernante a convocar a una consulta popular para las reformas en que el Ejecutivo no tiene competencia, pero que requieren cambios radicales…?

 

Los abusos del autoritarismo
Ante tales abusos, sus evidencias y consecuencias, ¿qué hará el próximo gobierno?
2017-02-20T00:00:59-05:00
El Universo

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